Un país sin niños

La llegada del IMV ha hecho que no se puedan solicitar nuevas prestaciones por hijo a cargo

Por Elena Costas, ara.cat

Nacen menos niños que nunca desde que hay registros. A lo largo de la última década los nacimientos han caído casi en un 30%. Y este año las cosas no mejorarán. Ya pasó con las crisis de 1993 y de 2008. Cuando la situación económica empeora y las perspectivas laborales son inciertas, asumir un compromiso de por vida -y el coste que supone- queda sólo al alcance de unos pocos. Pero nuestro problema de natalidad es estructural. ¿Cuáles son, pues, las razones que nos llevan a tener pocos hijos, y qué podemos hacer para cambiarlo?

A medida que los países se enriquecen, las familias suelen tener menos descendencia. Las mujeres disfrutan de más oportunidades laborales y pueden retrasar la maternidad o no tener hijos. Este proceso se acompaña normalmente de un aumento de los hijos únicos. En parte, tenemos menos niños y más tarde porque queremos asegurarles más oportunidades, lo que requiere más recursos económicos y emocionales. Esto no es un problema. El problema es cuando tenemos menos hijos de los que quisiéramos tener.

La última encuesta de fecundidad del INE revela que casi la mitad de mujeres españolas de más de 40 años sin hijos hubieran querido tenerlos. Y un 20% han tenido menos de los que les habría gustado tener. De éstas, casi la mitad alegan motivos económicos, laborales o de conciliación. Y en Cataluña estamos por encima de la media. Tener hijos es muy caro, y hacerlo en un entorno laboral donde abundan los contratos precarios y la temporalidad es una decisión arriesgada.

Un estado ambicioso debería aspirar a ambos objetivos: reducir la pobreza y aumentar la natalidad

Podríamos pensar que, en cuanto pase la crisis del covid-19 y todo vuelva a la antigua, o nueva, normalidad, las mujeres comenzarán a tener más hijos. Otros países europeos vieron este aumento de los nacimientos tras la crisis de 2008. Pero a nosotros no nos pasó. Aquí la recuperación económica no trajo una recuperación de la natalidad. Los problemas de nuestro mercado de trabajo han crecido, y el porcentaje de jóvenes que se emancipa ha caído a límites históricos.

No es casualidad que en un país donde tener hijos parece cada vez más difícil las políticas de familia sean casi inexistentes. España es el segundo país de la Unión Europea, después de Grecia, que menos invierte en infancia y familia. Y la mayoría de estas políticas se centran en desgravaciones fiscales, lo que las hace especialmente regresivas, fuera del alcance de las familias más pobres que no hacen la declaración de la renta.

Como otros países europeos, sí contamos con una transferencia monetaria para las familias con niños: la prestación por hijo a cargo. Pero, si bien la herramienta es la misma, las condiciones para acceder a ella y las cuantías recibidas son muy diferentes. En países como Alemania, Suecia o Francia, por citar sólo unos cuantos, se ayuda a todas las familias con hijos con una cuantía que va de 100 a 200 euros al mes. Es una ayuda a la crianza, con todo lo que ello implica. Desde la alimentación a la conciliación. Unos gastos que, según los cálculos de Save the Children, en España suponen alrededor de 500 euros al mes por cada niño o niña.

En cambio, países como Italia, Polonia, Portugal o España limitan estas ayudas a las familias más pobres. En nuestro caso, y si no tenemos en cuenta los niños y niñas con discapacidades, se trata de un ingreso de 28 euros mensuales para aquellos hogares que ingresen menos de 12.700 euros al año. El objetivo, pues, no es tanto apoyar la crianza como reducir la pobreza. Un hito difícil de conseguir dando a las familias más desfavorecidas poco más de 300 euros al año.

Estos días hemos dado la bienvenida a un nuevo instrumento para combatir la pobreza, el ingreso mínimo vital (IMV). Una herramienta necesaria y que nos ayudará también a reducir las vergonzosas tasas de pobreza infantil que tenemos, de las más altas de Europa. Pero la llegada del IMV ha hecho que no se puedan solicitar nuevas prestaciones por hijo a cargo. Ante la duda sobre qué pasará el año que viene con esta ayuda -no es descabellado pensar que la prestación por hijo a cargo desaparecerá-, hay que recordar que un estado ambicioso debería aspirar a ambos objetivos: reducir la pobreza y aumentar la natalidad. Tratar de resolver uno no debería implicar desatender el otro. Este no debería ser un país para pobres, pero sí para niños.

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