Con el nuevo curso escolar, que arranca esta semana de septiembre en toda España, miles de familias afrontan uno de los momentos de mayor presión
económica del año. La compra de libros, material escolar, ropa, comedor, transporte y actividades educativas supone un importante desembolso que muchas economías familiares apenas pueden asumir, especialmente en un contexto marcado por el incremento continuado del coste de la crianza y el encarecimiento de la vida.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto anual medio por alumno o alumna asciende a 2.484 euros, aunque varía en función del tipo de centro educativo, estando la mayor parte del alumnado (91%) en centros públicos (67%) y concertados (24%). Solo el equipamiento inicial —libros, material escolar, ropa y calzado— supera los 500 euros por estudiante. A esto se añaden los gastos de comedor, las actividades extraescolares, la ruta… En total se calcula que el incremento será de un 4% respecto al curso anterior.
Ante esta situación, la Alianza por la Crianza, formada por Save the Children, Federación Española de Familias Numerosas, Federación de Familias Monomarentales (FAMS), la Asociación de Madres Solteras por Elección y la Unión de Asociaciones Familiares, denuncia que la vuelta al cole evidencia, un año más, la insuficiencia de las políticas públicas de apoyo a la crianza en España y pide una mayor inversión en infancia de manera urgente teniendo en cuenta las diferentes realidades de la diversidad familiar.
El gran esfuerzo de la vuelta al cole
Afrontar el coste de la educación supone un gran esfuerzo para las familias. Así, por ejemplo, el 59% de las familias numerosas, es decir, 6 de cada 10, ha tenido problemas para asumir los gastos educativos en el último año, según la encuesta realizada por FEFN a 1.000 familias numerosas de toda España.
Este esfuerzo económico obliga incluso a las familias a recortar otros ámbitos de su economía y oportunidades de sus hijos e hijas. Según un sondeo realizado por FAMS, el 58,25% de familias monomarentales ha afrontado un gasto de entre 200 y 600 euros. Para cubrir gastos el 42,3% ha tenido que reducir gastos del hogar y el 61,9% ha reducido o renunciado a actividades extraescolares, a pesar de que casi el 60% (59.8%) considera que el mayor problema de la vuelta al cole para su familia es el coste económico y la conciliación por igual.
«El problema no es únicamente el gasto extraordinario de septiembre. La vuelta al cole pone de manifiesto una realidad estructural: criar es cada vez más caro y las familias siguen asumiendo prácticamente en solitario un esfuerzo económico que debería ser compartido por toda la sociedad mediante políticas públicas suficientes».
La educación no puede depender de la capacidad económica de las familias
Las organizaciones de la Alianza advierten de que garantizar el acceso a la educación no puede limitarse a la escolarización gratuita. El derecho a la educación también implica poder participar plenamente en la vida escolar sin que el coste de libros, material, comedor, transporte o actividades complementarias suponga una barrera.
«La educación es un derecho, no un privilegio. Ningún niño o niña debería comenzar el curso en desventaja porque su familia no puede asumir los gastos que conlleva la escolarización«, subrayan las entidades. Por ello reclaman una mayor inversión en la educación pública y más apoyo a las familias
a través de becas de comedor, gratuidad de libros de texto, ayudas para material escolar, medidas de conciliación… de forma que se garantice la igualdad de oportunidades.
Una prestación universal y más apoyo a la crianza
La Alianza por la Crianza reclama la puesta en marcha de una prestación universal por hijo o hija, de carácter estable y suficiente, que ayude a compensar el coste real de la crianza y alcance a todas las familias, con refuerzos específicos para aquellas que afrontan mayores dificultades y riesgo de pobreza o exclusión social, como las familias monomarentales, familias numerosas, de origen migrante o con niños o niñas con discapacidad.
Asimismo, insta a reforzar la inversión pública en infancia y familia para acercarla a la media europea y desarrollar políticas que permitan conciliar realmente el empleo y los cuidados.
Por ello, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar la aprobación urgente de esta prestación universal, la mejora de medidas de conciliación y la protección efectiva de todas las familias.
Apoyar la crianza es invertir en el futuro
La Alianza por la Crianza recuerda que apoyar a las familias no constituye un gasto, sino una inversión social que contribuye a reducir la pobreza infantil, favorecer la igualdad de oportunidades, impulsar la conciliación y responder al desafío demográfico.
«Las familias no necesitan medidas excepcionales cada mes de septiembre. Necesitan políticas estables que reconozcan que criar tiene un coste y que garantizar el bienestar de la infancia es una responsabilidad colectiva. España no puede seguir situando el peso de la crianza casi exclusivamente sobre las familias», destacan desde la Alianza. Las organizaciones que la integran reafirman su compromiso de seguir impulsando políticas públicas universales, inclusivas y basadas en los derechos de la infancia, que respondan a la diversidad familiar y garanticen que ningún niño o niña vea limitadas sus oportunidades por la situación económica de su hogar.