Noticia de elperiodico.com – Una carta de Iban González Getino / Badalona
Somos una familia de 13 miembros: un matrimonio y sus 11 hijos menores de edad, uno de ellos con un 75% de discapacidad.
En 2020 solicitamos una prestación a la Seguridad Social de cuidado o hijo a cargo. Nos solicitaron una serie de documentos los cuales entregamos y en un plazo de tiempo se nos otorgó dicha ayuda, unos 1500 euros, que se cobró en julio de 2021.
Ahora, dos años más tarde, recibimos una carta donde se nos indica que, posteriormente a la concesión de la ayuda, se hizo un cruce de datos con Hacienda y se detectó que nuestros ingresos eran superiores a los indicados para obtener dicha ayuda, con lo cual, se nos da un plazo de 15 días para aportar datos que demuestren que no están en lo cierto. De lo contrario, iniciarán acciones para que les devolvamos dicha cantidad.
Nuestra queja es que, una prestación que tiene la naturaleza de ayudar a familias desfavorecidas se vuelve en nuestra contra. Ahora nos reclaman 1500 euros, hecho que nos ocasiona un perjuicio mayor que el beneficio que nos causa el concedernos esta ayuda en su momento.
Si no nos corresponde la ayuda por ingresos, que habría que hacérselo mirar en nuestro caso, que por lo menos no nos la concedan y no nos dejen en una total situación de vulnerabilidad ante la reclamación de dicha cantidad de dinero, además a devolver en un solo plazo.
Somos una familia ‘supernumerosa’, donde solo trabaja uno de los progenitores y donde la situación económica es perfectamente compatible con cualquier tipo de prestación o subsidio. Sin ir más lejos, en breve tenemos que comprar un caminador para nuestro hijo con discapacidad que tiene un coste de 2400 euros, donde la Seguridad Social cubre un total de 1380 euros y el resto lo tenemos que aportar nosotros.