Artículo de Jordi Bosch en El Liberal.cat
La Generalitat destina sólo el 0,026% de los presupuestos a políticas familiares, una cifra que incumple los mandatos del Estatut y la Ley de apoyo a las familias
Cuarenta y nueve mil millones de euros. Ésta es la cifra astronómica que la Generalitat de Cataluña ha presentado como presupuesto para el ejercicio actual. Una cantidad que, dicho en voz alta, debería transmitir ambición, visión de futuro y compromiso social. Pero cuando se mira con lupa a donde va a parar ese dinero, la realidad es mucho menos épica. Y en ninguna partida se hace tan evidente la hipocresía como en la que debería ser el pilar de cualquier sociedad que se tome en serio el futuro: la política de apoyo a las familias.
La cifra que debería derribar la cara de vergüenza a los responsables del departamento es esta: 13 millones de euros. Trece millones para todas las políticas de apoyo a las familias catalanas, en un presupuesto de cuarenta y nueve mil millones. Esto representa el 0,026% del total. Por ponerlo en perspectiva: es menos de lo que el gobierno dedica a partidas de representación institucional, publicidad o asesorías externas. Un escándalo en toda regla que ocurre casi desapercibido en medio del ruido mediático habitual.
Un marco legal que se queda en papel mojado
Lo cruel de esta situación es que no es por falta de mandato legal. La Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, establece con claridad la obligación de la administración catalana de desarrollar políticas activas de apoyo a las familias en toda su diversidad. La Ley 12/2007 de servicios sociales refuerza ese compromiso, especialmente para las situaciones de vulnerabilidad, riesgo de dificultad social y violencia machista o familiar. Y el Estatuto de Autonomía de 2006, en su articulado, reconoce explícitamente el derecho de las personas mayores, las familias numerosas y las monoparentales a recibir adecuada protección pública.
El Parlament de Catalunya ha aprobado en los últimos años varias resoluciones y acuerdos instando al gobierno a reforzar las partidas de política familiar. Todos han quedado incumplidos. Con 13 millones de euros no es posible cumplir ni de lejos con lo que la ley exige ni con lo que la cámara ha reclamado repetidamente.
El argumento de la Renta Garantizada de Ciudadanía: un lío conceptual
Preguntad por esta situación, el gobierno suele tirar del mismo argumento: «Las familias ya reciben apoyo a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía.» Es cierto que la RGC es una herramienta importante de lucha contra la pobreza, y que muchas familias se benefician de ella. Pero confundir deliberadamente una renta mínima de inserción con una política de apoyo familiar es, al menos, una falacia intelectual.
La política familiar no es asistencialismo de emergencia. Es el conjunto de actuaciones que acompañan a las familias a lo largo del ciclo vital: orientación y acompañamiento parental, servicios de atención a familias especializadas, apoyo a familias numerosas y monoparentales, prevención de la violencia intrafamiliar, programas de envejecimiento activo e integración de las personas mayores. Según los mismos datos del presupuesto presentado, el programa atiende anualmente a decenas de miles de personas a través de títulos de familia numerosa y monoparental, servicios de atención especializada y programas de envejecimiento integrado. Hacerlo con 13 millones es simplemente imposible.
Una apuesta de futuro que no existe
Cataluña envejece. Las proyecciones demográficas del Idescat sitúan al país en una trayectoria de caída de la natalidad y aumento de la población mayor. La tasa de fecundidad es una de las más bajas de Europa. Las familias monoparentales aumentan año tras año, ya menudo con situaciones de vulnerabilidad económica acumulada. En ese contexto, dedicar 13 millones a política familiar no es sólo una negligencia: es una declaración implícita de que el futuro demográfico del país no es una prioridad.
Las sociedades que invierten en sus familias -en la conciliación, en la crianza, en el apoyo a los mayores, en la prevención de la violencia- construyen comunidades más cohesionadas, economías más productivas y ciudadanos más libres. Las que no lo hacen, simplemente pagan el precio más adelante, con mucho menos margen de maniobra.
Cuarenta y nueve mil millones de euros. Y trece para las familias. Que cada uno saque sus conclusiones.